La cara B del Black Friday
La explosión de consumo del "viernes negro" o Black Friday, y especialmente el protagonismo que está adquiriendo en su engranaje el comercio electrónico, tiene consecuencias sobre el empleo que es necesario afrontar.
Existe una clara vinculación entre el protagonismo de las ventas online y la crisis sin precedentes del sector de la venta directa, que ha llevado al cierre de multitud de centros comerciales en EEUU, ha hecho desaparecer decenas de firmas y ha logrado que se tambaleen los cimientos de los gigantes de la distribución (Sears, Payless, Wal-Mart, RadioShack, Macy's y Toys 'R' Us, son buena prueba de ello, algunas en pleno proceso de reestructuración y con miles de despidos en su haber). Según datos del propio gobierno norteamericano, 233 de las mayores marcas de venta minorista han quebrado desde 2010; Bloomberg prevé que más del 10% del espacio comercial –alrededor de 305 millones de metros cuadrados-, cerrará como consecuencia de esta sustitución de la venta presencial por electrónica; Credit Suisse estima que 8.600 tiendas cerrarán sólo en 2017. Entre 1956 y 2005, EEUU construyó 1.500 centros comerciales (malls). En 2017, sobreviven 1.100. En diez años, su número se reducirá prácticamente a la mitad (800).
Trabajo sin derechos y robotizable
Esta profunda transformación tiene consecuencias sobre el empleo. Por un lado, el empleo que crean estos nuevos gigantes de la venta electrónica – tanto el empleo directo, como el indirecto en, por ejemplo, el transporte de mercancías y logística- es temporal, muchas veces parcial, habitualmente mal pagado, con una altísima rotación, con turnos de trabajo y horarios muy exigentes y con muy pocas garantías y derechos laborales.
Además, y aunque resulta difícil establecer comparativas en términos de volumen neto de empleo creado y destruido, ya que se trata de actividades muy transversales y que afectan a todos los sectores, el empleo que se crea tiene una fuerte componente automatizable. En las retinas de todos están los robots que llevan paquetes de forma autónoma por sus almacenes, tareas que al no realizar personas, no crean nuevos puestos de trabajo. Los experimentos con repartos de paquetería a través de drones van en la misma dirección: eliminar empleo o, subsidiariamente, reducir su calidad en virtud del de una menor oferta de trabajo. En resumen, menos empleo neto, muy precarizado, que solo crea trabajadores pobres y que incrementa de forma indiscutible la inseguridad.
Por otro lado, y ya desde un punto de vista puramente económico y fiscal, está el peligro de concentrar este negocio en manos de unas pocas empresas transnacionales, que no sólo podrán manejar el comercio a su antojo, sino que revierten sus beneficios y sus impuestos en otras latitudes, lo que lamina la economía nacional, la competencia y, por ende, el Estado del Bienestar.
Regulación adecuada y reconversión tecnológica del empleo
En España, si bien el impacto del comercio electrónico aún no alcanza los niveles de nuestros vecinos europeos o de los EEUU, revela una tendencia al alza imparable. El porcentaje de personas que compran online una vez al mes ha pasado de un 34% en 2010 a un 50% en 2017, aunque aún muy lejos de los estadounidenses, que superan el 75%, o de los franceses, que rozan el 70%.
No obstante, en nuestro país, 18,5 millones de personas ya han comprado por Internet en alguna ocasión, la mitad de ellos (más de nueve millones) en el último mes y casi 14 millones en los últimos tres meses, con una media de cinco compras totales en dicho trimestre. Los productos y servicios más demandados son equipos electrónicos, paquete vacacionales o entradas a espectáculos. Y en varios de estos negocios es donde ya podemos ver las consecuencias del auge del comercio electrónico: cada vez menos agencias de viajes abren sus puertas al público; de todos son conocidos las dificultades de grandes almacenes de venta directa de electrónica y electrodomésticos en los últimos años.
En este margen de crecimiento es donde España puede repetir lo visto en EEUU; el trasvase de comercio al por menor hacia medios digitales puede acabar cerrando miles de comercios minoristas, destruyendo muchísimos empleos, empobreciendo nuestra economía, acrecentando la desigualdad.
UGT considera que sólo con regulaciones adecuadas, una vigilancia económica ad hoc y medidas de reconversión tecnológica del empleo en España podremos evitar los errores de otros países. Quizás el mejor resumen de esta situación lo haya realizado el Consejo Económico y Social (CES), en su informe "Digitalización de la Economía" cuando afirmaba que "cobra especial relevancia el refuerzo de: la política de defensa de la competencia, para evitar la consolidación de estructuras de mercado oligopólicas o cuasi monopólicas; la política de empleo, para paliar las consecuencias negativas del cambio sobre la cantidad y la calidad del empleo en los sectores de actividad donde se puedan dar, así como las transformaciones en las características del mismo; […] o la política tributaria, para evitar la traslación de beneficios hacia territorios de baja o nula tributación".
